La Defensoría del Pueblo criticó severamente la Resolución N° 043-2020-PD/OSIPTEL, aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), mediante la cual autoriza a las empresas a aplicar la suspensión de los servicios de telecomunicaciones, desde el 03 de junio, si los usuarios tienen dos o más recibos de consumos impagos, muchos de ellos acumulados durante el estado de emergencia nacional en que el país se encuentra actualmente. Al respecto, Alicia Abanto, Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo conversó con Emprendedorestv.pe y señaló que Osiptel debería dejar sin efecto la norma, porque de aplicarse el corte del servicio en plena pandemia (COVID-19) sería una grave afectación a los derechos de las personas. Los más afectados por la pandemia no pueden quedarse sin acceso a las telecomunicaciones, precisó.

Abanto instó a las operadoras de telecomunicaciones a que en vez de cortar el servicio, realicen una campaña masiva invitando a las personas que lo necesiten a fraccionar su deuda.

Hay algo no está funcionando, porque desde que se aprobó la norma que permite el corte del servicio sólo el 2. 3 millones de clientes post pago ha solicitado fraccionamiento y hay 40% de morosidad, agregó.

Abanto propone en vez de cortar el servicio se ofrezca fraccionamiento y planes más económicos a las personas afectadas por la pandemia. Apeló a la responsabilidad del regulador, de las empresas operadoras y de los consumidores para lograr acuerdos y evitar el corte del servicio, en circunstancias que la pandemia registra cifras tan altas de contagio y un grueso de la población se ha quedado sin empleo o tiene ingresos más bajos.

Dejar sin línea telefónica, sin Internet seria afectar un derecho fundamental de los ciudadanos tan importante como afectar la salud, seguridad y educación, precisó.

Fraccionamiento bajo sospecha

Abanto hizo referencia al Informe Especial N°014-2020-DP ”Aportes para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarias, electricidad, gas, y telecomunicaciones ante la propagación del COVID-19”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, en el que recomendó al Poder Ejecutivo ampliar el alcance del fraccionamiento de pagos a un mayor número de usuarios incluyendo aquellos que han recibido ayudas económicas del Estado, prorrogar el inicio del cobro de facturaciones hasta por 2 meses después de culminado el periodo de emergencia y disponer que las suspensiones de los servicios se inicien después de 3 meses de culminado el estado de emergencia nacional.

Telecomunicaciones

En el sector de telecomunicaciones, el Decreto de Urgencia N° 035-2020 autorizó a las empresas operadores la prerrogativa de establecer sus propios criterios para otorgar facilidades para el fraccionamiento. Sin embargo, los condicionamientos aprobados por las empresas constituyen una restricción al acceso universal a los fraccionamientos, estableciendo un número límite de usuarios a los que alcanzaría el fraccionamiento, lo que representa un porcentaje mínimo de los posibles beneficiados en comparación con el número de usuarios totales.

Para el servicio de telefonía móvil, Telefónica del Perú S.A.A estableció que otorgaría el beneficio del fraccionamiento sólo al 30 % de usuarios del servicio móvil residencial, del total de las más de 4 millones 700 mil líneas móviles activas que administra; y la empresa Entel Perú S.A. limitó el alcance del fraccionamiento a un máximo de 100 mil clientes, equivalente al 3.5 % de sus más de 2 millones 800 mil líneas activas, señala el informe.

Por su parte, América Móvil excluyó del acceso al fraccionamiento a los usuarios del servicio móvil con planes post pago Max 29.90 y aquellos que incurrieron en morosidad dentro de los 3 meses anteriores al estado de emergencia; y Viettel S.A.C se limitó a informar en su página web que una vez concluido el periodo de emergencia se habilitarán canales de atención para que los clientes puedan elegir la cantidad de cuotas (3, 6 o 12) en las que deseen fraccionar sus recibos, precisa el informe de la Defensoría del Pueblo.

Según Abanto en el período de cuarentena es muy bajo el número de personas que han fraccionado su pago, reiteró.

Insistió en que Osiptel deje sin efecto el corte del servicio, para que dé tiempo a las operados y consumidor a llegar a arreglos que permitan a las personas mantener el servicio y a las empresas cobrar por el mismo.

Se necesita mayor responsabilidad de las empresas con los usuarios más afectados por la pandemia, añadió.

Y en general a todas las empresas de servicio de telecomunicaciones, electricidad, agua, gas demandó establecer fraccionamientos de pago accesible para todos.

No olvidemos que en este momento se ha hecho visible el tema de las telecomunicaciones, pero que hay de los otros servicios, insistió la Defensora Adjunta.

¿Osiptel retrocederá?

El presidente de Osiptel, Rafael Muente descartó a una radio local que vaya a eliminar la resolución que autoriza el corte del servicio de telecomunicaciones, lo que si no descarta es que se pueda aplazar con miras a que los usuarios tengan más tiempo para fraccionar o cancelar sus deudas la fecha a partir del cual las operadoras podrán cortar el servicio por falta de pago.

Sostuvo que “en principio si mantenemos (la resolución), pero vamos a estar vigilantes para evaluar cómo las empresas están actuando en el marco de este primer corte de servicios previsto para el 3 junio. Si hay problemas de acceso o de comunicación para procesar o para manejar las solicitudes de fraccionamiento, podríamos evaluar medidas como cambiar al cronograma, aplazar su entrada en vigencia. La meta es que hacia fines de junio debe concluir los problemas de morosidad”, agregó.